miércoles, 5 de mayo de 2010

Denuncia urgente: La penetración imperialista y la ley antiterrorista

Comunicado a la opinión pública


Desde el Partido Comunista, denunciamos las maniobras del imperialismo norteamericano y sus lacayos criollos que pretenden nuevamente aprobar la mal llamada Ley Antiterrorista, que representa una nueva agresión al creciente movimiento popular en nuestro país.

La probable aprobación de esta ley tiene sus antecedentes ya en el gobierno de Nicanor Duarte a la par de otros significativos hechos como la firma del convenio de seguridad entre Colombia y Paraguay. Acuerdo que fue ratificado por Álvaro Uribe y Fernando Lugo, el pasado 29 de setiembre de 2008, y que ya habia sido duramente cuestionado por nuestro partido y otras organizaciones sociales y de izquierda.

De igual manera, cuestionamos la profundización del Plan Umbral, administrado desde la USAID (agencia de “cooperación” internacional de los EEUU), en cuanto a la inversión para el control de diferentes instancias gubernamentales como el Ministerio Público y el Dpto. de Identificaciones. En los últimos tiempos el gobierno norteamericano invirtió más dinero en el Ministerio del Interior, donando armas, vehículos y dinero; se afianzó el asesoramiento colombiano y la insistencia en profundizar las relaciones con el Gobierno más terrorista del continente, como es el caso del gobierno colombiano, sin lugar a dudas.

Entendemos que los asesinatos en Concepción, el pasado 21 de abril y la declaración del estado de excepción, están relacionados con la intención que tiene la mafia de colaborar para la instalación de fuerzas dependientes política y económicamente del Colombia-EEUU en la zona norte del país, para neutralizar y controlar las crecientes movilizaciones populares de los más diversos sectores de la población, puesto que, las mafias tienen una estrecha relación con los gobiernos de ambos países.

A continuación detallamos algunos elementos explicados por abogados que estudiaron el proyecto de ley presentado por el ejecutivo:

La definición del crimen de Terrorismo que adopta el proyecto de ley, infringe el principio de legalidad penal, contemplada en la Carta Magna y el propio Código Penal, que garantiza que las conductas sancionadas estén estrictamente definidas en la ley, pues deja al arbitrio de los jueces determinar cuándo un hecho es terrorista;

La redacción del crimen de terrorismo engloba bajo un nuevo rótulo, innumerables conductas delictivas completamente dispares, las cuales de por sí, son tipos penales autónomos; en virtud a que hace remisión a otros artículos, que se agravan por el sólo hecho de ser efectuadas bajo ciertas condiciones; De este modo, conductas tan simples como una manifestación o una marcha de protesta, si es juez así lo considera, puede ser declarada como terrorista;


Existe una falta de precisión en la definición de terrorismo que se usa. Al realizarse un entrecruzamiento de conductas prohibidas, se configura una trama abierta, que conlleva intrínsecamente a un tipo penal abierto, donde cualquiera de las conductas contempladas anteriormente con carácter autónomo, pueda ser considerada Terrorismo; De esta manera, se facilita la aplicación de un derecho penal de autor, donde no importa realmente lo que hizo la persona, sino su condición personal o lo que es peor, su clase social, fisonomía o ideología política, quebrantándose derechos humanos fundamentales;


La redacción facilita la interpretación discrecional del derecho utilizada por los sistemas autoritarios para perseguir a sus enemigos políticos e ideológicos, violando el principio de legalidad, por el cual se deben sancionar solamente las conductas estrictamente definidas como prohibidas u obligatorias

Es a partir de todas estas informaciones que afirmamos que el proyecto de ley antiterrorista se encuadra en la campaña de criminalización y paralización de la lucha social, la desestabilización de los gobiernos del continente, y por ende, facilita la realización del golpe de Estado “institucional” vía juicio político

Por lo tanto manifestamos nuestro repudio al reingreso de dicho proyecto y lamentamos que el Presidente Lugo ceda ante las presiones de la derecha internacional y traidores locales de su entorno que fungen de patriotas cuando que en realidad son traidores del proceso de cambio. El presidente Lugo será responsable de la aprobación de una Ley a todas luces inconstitucional que en la práctica posibilitará mayor facilidad para el ataque al movimiento popular de parte de los verdaderos represores y criminales, con el asesoramiento genocida de Colombia-EEUU.

Desde el Partido Comunista Paraguayo hemos hecho un compromiso con nuestro pueblo en la defensa del proceso de cambio; le hacemos saber a los traidores, a la derecha títere del imperialismo yanqui y al Presidente Fernando Lugo, que combatiremos movilizados en las calles la posible reinstalación del Terrorismo de Estado en el Paraguay a la vez que nos opondremos con firmeza a cualquier intento de golpe de Estado, no para defenderlo a Lugo simplemente, sino porque sabemos que el movimiento popular será el principal perjudicado ante semejante retroceso.

Creemos finalmente que la declaración del estado de excepción, más la aprobación de la Ley antiterrorista apuntan y nos arriesga a un grave retroceso, atentando directamente contra la profundización democrática y obligándonos a cuestionar firmemente estas políticas emanadas del ejecutivo.

¡No a la reinstalación del Terrorismo de Estado!


PARTIDO COMUNISTA PARAGUAYO

Asunción, 5 de mayo de 2010

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